El pasado 12 de enero de presente año, en la cámara legislativa se dio un hecho que muchos han declarado histórico, en un show inusual y luego de incendiarios discursos a favor y en contra, poco más de un centenar de diputados y diputadas del Congreso Nacional, rasgaron sus vestiduras y aprobaron la reforma del artículo número 5 de la macillada y moribunda Constitución de la República.
Los mismos que el pasado 28 de junio de 2009, se oponían a consultar al pueblo argumentando que no estamos preparados para decidir sobre temas de interés nacional y que votaron en nombre de la “democracia” para sacar a un presidente legítimamente elegido, ese día en una actitud camaleónica se pusieron el traje de demócratas y en nombre de soberano impulsaron esta enmienda que “abre” los cerrojos que tenían el plebiscito y referéndum.
Este decreto, trajo consigo una engañosa “división” de la derecha, dejando dos tendencias: la línea dura, aglutinados en la Unión Cívica Democrática UCD y los moderados representado por el presidente del Congreso Nacional, abogado Juan Orlando Hernández; que al final son lo mismo y persiguen el mismo fin servir a los intereses mezquinos de la oligarquía, que son sus jefes.
Profundicemos en el contenido del artículo 5 reformado de la Carta Magna, y analicemos si realmente le han quitado los “candados” como la clase política y algunos medios de comunicación argumentan, y ahora el pueblo podrá ser consultado sin ninguna restricción. El párrafo segundo instituye la “novedad” de la iniciativa ciudadana, que ya estaba contenida en la “Ley de Participación Ciudadana” promulgada por el ex presidente Manuel Zelaya.
Más adelante reza: “El Congreso Nacional debe conocer y discutir dichas peticiones, y si las aprueba debe emitir un Decreto que determine los extremos de la consulta, ordenando al Tribunal Supremo Electoral, convocar, organizar y dirigir las consultas a los ciudadanos”
Tal y como está redactado lo anterior, de poco o nada le sirven al Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, las casi un millón y medio de declaraciones soberanas que exigen la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, debido a que, si los “honorables” legisladores determinan que no es de interés ese tema, no pasará.
En otras palabras, la democracia participativa queda reducida a la voluntad de 128 “padres de la patria” que se abrogan el derecho de decidir como señores omnipotentes, lo que los restantes ocho millones de hondureños queremos que se nos consulte. Demostrando que, más que apertura, es un circo el que se ha montado en torno a esto.
La parte final, contiene otro elemento que contradicen las palabras pronunciadas por los actores de este acto circense. “La consulta sobre los mismos temas no podrá realizarse en el mismo ni en el siguiente periodo de gobierno”. Vistas las cosas así, los ciudadanos serán penalizados, y no podrán someter al un plebiscito o un referéndum, hasta dos periodos presidenciales después.
Por otra parte, esta reforma debe esperar la existencia de la ley especial para la implementación de estas dos figuras de participación ciudadana. Que es ahí, donde estamos seguros, le serán agregados más obstáculos, para que sea casi imposible hacer uso de la misma, lo que no detentamos el poder.
Por lo anterior, no debemos ser engañados por estos lobos vestidos de oveja, que buscan con estas acciones dar una cara distinta de lo que realmente son, mostrarse ante la opinión pública nacional e internacional como reformadores, abiertos al dialogo y defensores de las voluntades populares.
En conclusión, consideramos que esto no es más que un muy bien orquestado plan de los halcones del imperio para lavar el golpe de Estado militar y que es imposible ese repentino cambio de la noche a la mañana de los mismos que participaron en el rompimiento de la incipiente democracia. Dicho de otra forma, al plebiscito y referéndum le quitaron los candados, pero le dejaron 128 guardias privados.
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